Prácticos | Administrativo

En el caso de la práctica de una cirugía estética (medicina voluntaria) se exige mayor rigor en la formación del consentimiento informado. A pesar de ello, no podemos hablar de responsabilidad por parte de la Administración sanitaria si, habiendo el personal médico actuado con diligencia suficiente, el resultado no es el esperado, ya que el propio Tribunal Supremo afirma que en la medicina ...

A pesar de la limitación establecida en el artículo 128 de la LJCA, sí es posible, a efectos de plazos procesales, aplicar el llamado «día de gracia» del orden civil al orden contencioso, ya que el propio Tribunal Constitucional considera que esta especialidad en los plazos es también compatible con el orden contencioso.

Se plantea la posible responsabilidad patrimonial de la Administración pública por la caída de una empleada en su horario de trabajo para así percibir la correspondiente indemnización. Sin embargo, y según la jurisprudencia del TSJG, el recurso podría ser desestimado debido a que la caída se produjo como consecuencia del descuido y falta de atención de la propia víctima al entrar al edificio ...

La competencia para conocer un recurso contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación forzosa corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde radiquen los inmuebles afectados según lo establecido en los artículos 10 y 14, ambos de la LJCA.

En el supuesto de fallecimiento de un militar en acto de servicio, el dies a quo para el cómputo del plazo para exigir responsabilidad patrimonial empieza, según la jurisprudencia  del Tribunal Supremo, en la fecha del fallecimiento efectivo del militar y no en la fecha de la resolución que reconoce el fallecimiento del mismo en acto de servicio.

El interés judicial existe en el orden contencioso como así se indica el art. 106 de la LJCA, pero se trata principalmente de un interés legal y no judicial, resultando este último de naturaleza potestativa; en el caso del orden civil, los intereses judiciales nacen de forma automática desde que se dicte la primera instancia, esto es, tienen una naturaleza ope legis.

En este supuesto podemos afirmar que el órgano sancionador no se encuentra vinculado a la calificación propuesta por el instructor, pero sí a los hechos derivados de la instrucción. Además, si el órgano considera que la infracción o la sanción es más grave, deberá notificar al interesado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes.

El acuerdo de urgente ocupación de expropiación forzosa, a pesar de lo que diga el 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, sí es impugnable al tener que interpretarse a la luz del bloque constitucional vigente, que garantiza la tutela judicial efectiva. Esta es la tesis defendida por el Tribunal Supremo y que se ha ido consolidando con la jurisprudencia de los últimos años.

En este caso se centra en ver si el acto administrativo es nulo al existir un error en la comunicación. La STS n.º 1681/2023, 13 de diciembre, ECLI:ES:TS:2023:5422, es clara en este sentido: 

«De lo expuesto ha de concluirse que las defectuosas notificaciones, de todas ellas, realizadas en el procedimiento ciertamente que comportan la omisión total y absoluta del procedimiento que el ...

La LOTC establece varios requisitos a lo largo de sus preceptos para condicionar la demanda de amparo, por otra parte la Guía para la presentación de las demandas de amparo emitida por la Secretaria General del Tribunal Constitucional enumera los requisitos que establece la LOTC para que una demanda de amparo sea admitida.