Prácticos | Administrativo

El artículo 61 de la LJCA permite la extensión de los efectos de una prueba pericial a otros procedimientos conexos. Esta extensión puede ser solicitada de oficio, previa audiencia de las partes o a instancia de las mismas, y se entenderá que son parte todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su coste entre ellos. ...

En este supuesto se recurre una sanción en materia de transporte terrestre por la Administración catalana a una entidad domiciliada en Murcia, por lo que el juzgado competente será aquel en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la sanción impugnada.

El Tribunal Supremo revoca la sentencia objeto de recurso, estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto y reconociendo el derecho a ser indemnizada en la cantidad de 107.557,90 euros. La doctrina jurisprudencial establece que la interrupción de la prescripción deja de operar una vez que la resolución que pone fin al proceso penal se notifica a quienes resultan ...

Las Administraciones públicas, a pesar de que gozan de libertad de modificar, revisar o redactar normas (en este caso, normas de planeamiento de un municipio) no pueden hacerlo bajo criterios arbitrarios. A este respecto el TSJ de Madrid considera que cualquier modificación o creación normativa que otorgue prioridad a un interés privado sobre uno general se considerará, a todos los efectos, ...

A pesar de que el artículo 77.4 de la LPAC establece que los hechos probados en resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración pública, ese mismo criterio no puede aplicarse a aquellos procedimientos penales terminados con un auto de sobreseimiento por la sencilla razón de que, si bien unos hechos pueden no ser merecedores de un reproche penal, no tiene por qué ocurrir ...

Si bien la figura del coadyuvante existió en la antigua regulación de la LJCA (de 27 de diciembre de 1956), en la vigente regulación de la misma esta figura se descarta por completo ya en el preámbulo, al considerar el legislador que ya no existe diferencia alguna entre la legitimación por derecho subjetivo y por interés legítimo.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo determina la ausencia de culpa, dolo o negligencia por parte de una promotora que actuó una vez el ayuntamiento optó por conceder una licencia de obras que contradecía lo establecido en el correspondiente plan de urbanismo. A este respecto, el Tribunal Supremo también valoró de forma positiva que la mercantil paralizase cualquier trabajo una vez fue ...

El art. 95 de la LOTC establece la gratuidad del procedimiento, sin embargo el TS podrá imponer costas que deriven de la tramitación del procedimiento de amparo a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas, si apreciare temeridad o mala fe.

En cuanto al derecho a asistencia gratuita se reconoce en la CE para todos aquellos ciudadanos nacionales y extranjeros que acrediten ...

El artículo 112 del Real Decreto Legislativo 6/2015 establece que el plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. El cómputo comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. Además, las sanciones pecuniarias prescribirán a los cuatro ...

El Tribunal Supremo considera la nulidad de un plan especial respecto a la misma zona en la que se aprobó anteriormente un estudio de detalle declarado nulo por una sala de instancia. El Alto Tribunal determina que el Plan Especial es nulo por haberse aprobado con la finalidad de eludir la sentencia dictada por la sala al establecer, para el caso que nos ocupa, una altura máxima análoga y ...