Esquemas | Ejercicio profesional de la abogacía

El sistema judicial de la Unión Europea consta o está constituido por tres grandes órganos:

• El Tribunal de Justicia, es el más alto órgano jurisdiccional de la Unión. En colaboración con los juzgados y tribunales de los Estados miembros, vela por la aplicación e interpretación uniforme del derecho de la Unión. Está integrado por un juez procedente de cada Estado miembro.
• El Tribunal General, ...

El artículo 53 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece un esquema de competencia territorial en caso de ejercitarse conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas. El tribunal competente será aquel del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás. En caso de pluralidad de demandados se podrá presentar la demanda ante el tribunal ...

El artículo 50 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil describe la determinación de la competencia territorial a través del fuero general. Por lo general, la competencia se determina por el domicilio del demandado, pero los empresarios y profesionales también pueden ser demandados en el lugar donde se desarrolla su actividad empresarial o profesional. Si no se determina la competencia con ...

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece en su artículo 22 las materias propias del orden civil. En dicho artículo se explican en detalle los temas tales como derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles, constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas, inscripciones y validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, ...

Esta ley describe los seis órdenes jurisdiccionales según el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El primer orden es el civil, que conocerá, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. El segundo orden jurisdiccional es el penal, que tiene atribuido el conocimiento de las causas y ...

Según lo indicado por la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en conjunción con el Real Decreto 304/2014, referido al reglamento de la precitada ley, se impone a los abogados (además de otros sujetos) una serie de ...