Sentencia Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 9499/1998 de 20 de febrero del 2003

PRIMERO.- El recurrente articula un único motivo de casación por infracción de los artículos 106.2 de la Constitución, 1.4, 4.1, 4.3 del Código Civil, 139 de la Ley de Régimen Jurídico y 63 de la Ley de Funcionarios en relación con el artículo 180 del Decreto 2038/75.

En el caso de autos nos encontramos con una reclamación por Responsabilidad Patrimonial de la Administración derivada de las lesiones sufridas por el funcionario del Cuerpo de Policía Nacional recurrente en acto de servicio al proceder a la detención de un delincuente el 2 de enero de 1.992.

La cuestión que se plantea está directamente vinculada con la concurrencia o no del requisito de antijuricidad del daño sufrido, dado que no se plantea cuestión ni sobre la existencia de resultado dañoso ni sobre la forma y circunstancias en que este se produjo.

Como es sabido solo existen daños antijurídicos cuando la víctima no tiene el deber de soportar el daño, deber que surge, por todas, S. de 12 de junio de 2.001, de la concurrencia de un título que lo imponga, contrato previo, cumplimiento de obligación legal o reglamentaria, por cuanto la asunción voluntaria o por mandato legal del riesgo del servicio público, aceptado y consentido por persona encargada de la prestación de ese servicio, rompe la relación de causalidad cuando, como en el caso de autos, se toma de forma autónoma la decisión de actuar y el modo de hacerlo, de tal manera que el funcionario es quien toma la decisión de actuar y asume la dirección de la acción efectuada.

En el caso de autos no se ofrece duda alguna. El propio recurrente alega que las lesiones se produjeron en acto de servicio, por tanto en cumplimiento de una obligación legal de actuar como Policía Nacional, siendole causadas las lesiones por el individuo a cuya detención procedía, por tanto, en principio, estamos ante un supuesto claro de falta de antijuricidad del daño sufrido.

No cabe alegar en contrario el deber de la Administración de prestar a un funcionario la protección que requiera el ejercicio de su cargo, pues en modo alguno se ha acreditado que el hoy recurrente no dispusiese de tal protección, tanto en medios materiales como humanos, ya que el servicio se venía prestando en pareja, actuando el recurrente junto con el funcionario CP Nº NUM000 y sin que en ningún momento se alegue por el recurrente falta de medios materiales para llevar a cabo el servicio.

El recurrente parece sostener su pretensión en que, en su opinión, el artículo 180 del Decreto 2038/75 establece la obligación de la Administración de indemnizar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad por las lesiones sufridas en acto de servicio cuando no concurre dolo, negligencia o impericia por parte del funcionario, lo cual elimina el deber jurídico de soportar el daño que resulta de la doctrina general antes expuesta, ya que existiría una norma reglamentaria que eximiría de tal deber al establecer el carácter indemnizable de las lesiones sufridas en la circunstancia antes dicha.

El argumento del recurrente no puede ser aceptado ya que, al contrario de lo que acontece en el supuesto del artículo 179 del Decreto 2038/75 en relación con los daños materiales, el artículo 180 del citado Decreto que se invoca como infringido dispone que la instrucción de expediente para acreditar los hechos originarios, las lesiones sufridas, la incapacidad derivada y el importe de los gastos de curación, lo será a los efectos del artículo 135 y a los demás que procedan, refiriéndose el artículo 135 a los supuestos de jubilación y entre ellos al de jubilación por incapacidad física.

En consecuencia la indemnización por lesiones sufridas en acto de servicio bajo el título de responsabilidad patrimonial se rige por las normas generales en la materia y por tanto es aplicable la doctrina inicialmente establecida sobre el deber jurídico de soportar el daño, con independencia de cualquier otra indemnización que pudiera corresponder al recurrente por cualquier otro título, incluido el derivado de la relación contractual derivada de un seguro contratado por la Administración demandada, indemnización que se regirá por lo establecido en las cláusulas del contrato, pero sin que ello pueda presuponer que la suscripción del mismo implica la aceptación tácita por la Administración de la obligación de indemnizar como consecuencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración establecida en el artículo 139 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico y 106 de la Constitución.

El motivo por tanto debe ser desestimado.

SEGUNDO.- Rechazado el motivo de casación, procede la condena en costas al recurrente, por imperativo del artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.