Sentencia Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. de 02 de julio del 1987

Primero: La caducidad, forma extintiva del procedimiento, aparece recogida para el administrativo por su Ley reguladora, cuyo artículo 99 exige la concurrencia de dos factores, uno objetivo con su ingrediente temporal y otro subjetivo. Así, se configura como la inactividad culpable durante un período determinado y, en definitiva, con una presunción implícita de abandono o apartamiento, según refleja la conexión explícita con el régimen del desistimiento y de la renuncia. La paralización de un expediente por causa imputable al interesado permite a la oficina administrativa declarar la caducidad de las actuaciones y ordenar su archivo, si previamente lo advierte al peticionario y éste prolonga su inactividad o silencio durante tres meses. Tal regla, común en sus líneas generales para todo tipo de procedimientos, incluso los judiciales, ha sido llevada también al económico- administrativo, que no es sino una modalidad del ordinario, con las peculiaridades inherentes a esta vía de reclamación por mor de la materia y la singular estructura orgánica.

En tal sentido, el Reglamento de procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas ( Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto ), advierte que será declarada la caducidad de la instancia, salvo que el órgano competente estime que la Administración tiene interés en la continuación, cuando por cualquier causa imputable al interesado se haya paralizado el procedimiento durante tres meses (art. 12).

Segundo: En definitiva, el meollo de la caducidad ha de buscarse en la conexión entre la inactividad culpable del interesado y la detención del curso de las actuaciones. Si ésta es obra de otra causa, aquélla no puede producirse. Por ello, la primera de las dos excepciones configuradas en el art. 113, tiene como fundamento la inexistencia o no constancia del preceptivo requerimiento al interesado a fin de que aporte el documento o realice el trámite indispensable para la continuación del procedimiento, con advertencia de las consecuencias inherentes a la pasividad. El destinatario de ambas intimaciones ha de ser, como indica la norma transcrita, la persona física o jurídica legitimada como parte o su representante, sin que esta condición, basada en un contrato de mandato, pueda ser confundida con la del «presentador», en ejecución de un mero encargo fáctico desprovisto de cualquier representatividad. Compareciente, en sentido jurídico, no es equivalente tampoco a simple portador de un escrito y se refiere a quien acude ante un órgano administrativo o judicial como postulante, en el ejercicio y para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Todo ello nos conduce al ámbito de las notificaciones, que según el art. 87 del mismo Reglamento deben dirigirse al interesado o a su representante voluntario o legal en el domicilio de cualquiera de ellos o en el designado a tal efecto en el primer escrito (art. 54). En el presente caso, fue omitida la correspondiente comunicación a «Inmobiliaria Garcilaso». sujeto pasivo de la liquidación tributaria por contribuciones especiales, a través de sus órganos sociales, y en su sede. El Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Barcelona se entendió con quien había entregado la reclamación en el Registro General, sin que apareciera acreditada representación alguna, en cualquiera de las modalidades admitidas por el art. 24.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo , donde sólo se presume tal circunstancia para actos y gestiones de mero trámite, nunca para formular reclamaciones, ni para requerimientos de cuyo incumplimiento pueden seguirse consecuencias irreparables, como la caducidad.

Fallo