Sentencia CIVIL Nº 224/2022, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 4869/2019 de 24 de Marzo de 2022

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 224/2022

Fecha de sentencia: 24/03/2022

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 4869/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 15/03/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Procedencia: AUD. PROVINCIAL DE VALENCIA, SECCIÓN 10.ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: EAL

Nota:

CASACIÓN núm.: 4869/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 224/2022

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán

D. José Luis Seoane Spiegelberg

D. Antonio García Martínez

En Madrid, a 24 de marzo de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto por D. Amadeo, representado por el procurador D. Marcos Juan Calleja García, bajo la dirección letrada de D. Juan Antonio López Carrillo, contra la sentencia n.º 412/19, dictada por la Sección 10.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, en el recurso de apelación n.º 1716/2018, dimanante de las actuaciones de liquidación de sociedad de gananciales n.º 2030/2014, del Juzgado de Primera Instancia n.º 26 de Valencia. Ha comparecido como parte recurrida D.ª Marcelina y D.ª Mariana, D.ª Marta y D. Benjamín, representados por la procuradora D.ª Eva Yarritu Bartual y bajo la dirección letrada de D.ª M.ª Vicenta Sanchís Ridaura.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg.

Antecedentes

PRIMERO.-Tramitación en primera instancia

1.-La procuradora D.ª Eva Yarritu Bartual, en nombre y representación de D. Cayetano y D.ª Marcelina, como herederos de su hija D.ª Reyes, interpuso demanda de liquidación de sociedad de gananciales contra D. Amadeo, en la que solicitaba:

'[...] se proceda a la práctica de las operaciones divisorias y aprobación de las mismas, liquidando la sociedad de gananciales y la adjudicación de los bienes del modo interesado en aquella propuesta de liquidación'.

2.-La demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2014, y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 26 de Valencia, se registró con el n.º 2030/2014. Una vez fue admitida a trámite, se convocó a las partes para la adjudicación de los bienes previamente inventariados.

3.-Celebrada dicha comparecencia y seguido el procedimiento por los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 26 de Valencia, dictó sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, con la siguiente parte dispositiva:

'Que desestimando la oposición formulada por D. Amadeo, frente a los herederos de Dª Reyes, Dª Marcelina y herederos de D. Cayetano (sus hijos Dª Mariana, Dª Marta y D. Benjamín), contra las operaciones divisorias realizadas por el contador-partidor, debo confirmar las mismas, imponiendo al sr. Amadeo las costas del procedimiento'.

SEGUNDO.-Tramitación en segunda instancia

1.-La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Amadeo.

2.-La resolución de este recurso correspondió a la sección 10.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo tramitó con el número de rollo n.º 1716/2018, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 3 de julio de 2019, cuya parte dispositiva dispone:

'Declaramos no haber lugar al recurso de apelación interpuesto par la representación procesal de D. Amadeo con imposición de las costas de esta alzada a Ia parte apelante'.

TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso de casación

1.-El procurador D. Enrique Erans Balanza, en representación de D. Amadeo, interpuso recurso de casación.

El motivo del recurso de casación fue:

'Por aplicación indebida del párrafo 3° del art. 1398 del C. Civil, en cuanto al criterio de actualización de las cantidades abonadas por uno de los cónyuges a cargo de Ia sociedad conyugal, que debe realizarse conforme al IPC'.

2.-Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 24 de noviembre de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

'1.º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Amadeo contra la sentencia dictada con fecha 3 de julio de 2019 por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, en el recurso de apelación n.º 1716/2018, dimanante del procedimiento de liquidación de gananciales n.º 2030/2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 26 de Valencia.

2.º) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición a los recursos. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría.

De conformidad con lo dispuesto en los art. 483. 5 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno'.

3.-Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.-Por providencia de 4 de febrero de 2022 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 15 de marzo del presente, fecha en que ha tenido lugar a través del sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia.

Fundamentos

PRIMERO.-Antecedentes relevantes

El objeto del presente recurso queda circunscrito exclusivamente a resolver, en el marco de un procedimiento de liquidación de un régimen económico matrimonial de gananciales, la concreta fórmula de actualización del importe de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad en aplicación del art. 1398.3.ª del Código Civil.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 26 de Valencia no acogió la pretensión de actualización postulada conforme con el índice de precios al consumo, al considerar no se justificaban razones para variar el criterio de actualización, adoptado por el contador partidor, que aplicó el art. 1108 del Código Civil, al tratarse de una deuda dineraria.

Interpuesto recurso de apelación, la sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia en la que confirmó la dictada por el Juzgado. En definitiva, se sostuvo que la actualización de las cantidades abonadas por uno de los cónyuges, que eran de cargo de la sociedad ganancial, deben actualizarse conforme a lo dispuesto en el art. 1108CC, al tratarse de una cantidad de dinero, lo que impide la aplicación del IPC como solicitaba el recurrente.

Contra dicha sentencia se interpuso por D. Amadeo recurso de casación.

SEGUNDO.-Motivo del recurso de casación

El recurso de casación se fundamentó en la aplicación indebida del art. 1398.3ª del CC, al entender el recurrente que la actualización de las cantidades abonadas debe llevarse a efecto mediante la aplicación del IPC, pues el dinero privativo de uno de los cónyuges empleado a satisfacer gastos a cargo de la sociedad constituye una deuda de valor, y tratarse aquel de un indicador que contempla la inflación producida y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de manera que su aplicación equilibra el valor nominal, con cita al respecto de la sentencia de esta Sala 1.ª de 19 de junio de 2006.

El motivo se debe estimar.

En la sentencia 645/2006, de 19 de junio, hemos señalado sobre tal cuestión que:

'[...] cuando, como aquí sucede, lo ocurrido es que uno de los cónyuges ha aplicado caudal propio para la amortización de los préstamos obtenidos y que son de cargo de la sociedad, supuesto en que lo que ostentará será un crédito contra la misma actualizable con arreglo a los índices de depreciación de la moneda que es a lo que se refiere el artículo 1.398-3º del Código Civil en relación con el artículo 1.364 del mismo Código, según el cual 'el cónyuge que hubiere aportado bienes privativos para los gastos o pagos que sean de cargo de la sociedad tendrá derecho a ser reintegrado del valor a costa del patrimonio común', como recoge la sentencia de esta Sala de 8 de marzo de 1996'.

Por su parte, la sentencia 561/2006, de 6 de junio, consideró que:

'[...] no es ilógica una actualización de una suma de dinero con arreglo al I.P.C., sin que el hecho de que pudiera teóricamente haberse seguido cualquier otro criterio suponga que el juzgador haya obrado arbitrariamente'.

En la sentencia 371/2021, de 31 de mayo, se señaló que:

'[...] el demandante solicita la cantidad equivalente a la actualización conforme a los IPCs anuales desde el momento en que ingresó el dinero en la cuenta conjunta, lo que es coherente con la exigencia legal de que el reembolso del valor satisfecho a costa del caudal propio se haga mediante el reintegro de su importe actualizado'.

Por su parte, la sentencia 485/2005, de 20 de junio, en el caso de colación de una donación en metálico, señaló que habrá de atenderse 'al valor real, que no es otro que las cantidades que igualen el poder adquisitivo que tenían las sumas entregadas cuando se hizo la donación'. En este caso, no nos encontramos ante un acto jurídico de tal clase, pues entonces no existiría el derecho de reembolso del art. 1398.3.º CC, pero sí nos vale el criterio de determinación del valor.

En definitiva, el importe actualizado de las cantidades pagadas por uno solo de los cónyuges destinadas a satisfacer gastos gananciales, o las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad, a las que se refiere el art. 1398.3.º del CC, no es una deuda de dinero en que deba devolverse la misma cantidad de moneda para liquidar la obligación, sino de valor, en la que la prestación debida se manifiesta en un equivalente de poder adquisitivo. No es pues la misma cantidad en su día abonada la que ha de ser integrada como pasivo de la sociedad de gananciales según un criterio nominalista, sino su valor adquisitivo al tiempo de liquidar el haber común.

Siendo así las cosas, como así son, a la hora de fijar un índice de actualización consideramos como más ajustada a la finalidad pretendida por el art. 1398.3.ª del CC, que no es otra que actualizar el valor del dinero al tiempo de la liquidación del haber ganancial, la aplicación de la evolución de los índices del precio al consumo (IPC), fijados por el Instituto Nacional de Estadística (en lo sucesivo, INE), en su condición de organismo autónomo de los previstos en el artículo 84.1.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Economía y Empresa, al que le compete conforme a la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, la realización de las estadísticas para fines estatales que le encomienda el Plan Estadístico Nacional, entre las que se encuentran el Índice de Precios de Consumo (IPC).

El IPC es una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España y, en consecuencia, podemos considerarlo como procedimiento idóneo para determinar el equivalente actual de poder adquisitivo de las cantidades que, habiendo sido satisfechas por uno de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad.

Esta forma de actualización es más específica y adecuada que atender al interés legal del dinero, en tanto en cuanto éste se utiliza como un sistema de liquidación de daños y perjuicios en el caso de mora, que es fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que podrá ser revisado por el Gobierno atendiendo a la evolución de los tipos de interés de la Deuda Pública, según resulta del artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio. Dicho interés, cualquiera que sea la naturaleza del acto o contrato de que se derive la obligación, es el que, salvo estipulación en contrario, deberá pagarse por el deudor constituido legítimamente en mora, así como en los demás casos en que aquél sea exigible con arreglo a las Leyes ( arts. 2 de dicha disposición general y 1108CC).

Ahora bien, si de poder adquisitivo se trata, el método de actualización postulado en el recurso resulta más correcto sobre el aplicado en las instancias. En definitiva, consideramos que procede dar la razón al recurrente, en tanto en cuanto para fijar el importe actualizado de las cantidades abonadas, acude a la variación del IPC fijado por el INE sobre el interés legal del dinero.

TERCERO.-Costas y depósito

La estimación del recurso de casación conduce a que no se haga especial pronunciamiento en costas ( art. 398LEC) y determina la devolución de los depósitos constituidos para recurrir a tenor de la Disposición Adicional 15 regla 8 de la LOPJ. La estimación parcial de la oposición y del recurso de apelación conduce a que tampoco se haga concreta imposición de costas en ambas instancias ( art. 394LEC).

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

:

1.º-Estimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 412/2019, de tres de julio, de la sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia, dictada en el rollo de apelación n.º 1716/2018, sin imposición de costas y devolución del depósito para recurrir.

2.º-Casar la precitada sentencia, estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar la sentencia 468/2018, de 18 de septiembre, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 26 de Valencia, en procedimiento 2030/2014, en el único sentido de que los créditos incluidos en el pasivo de la sociedad de gananciales deban actualizarse conforme a los porcentajes de variación del IPC, sin imposición de las costas de ambas instancias y devolución del depósito constituido para apelar.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.