Sentencia Civil 141/2023 Audiencia Provincial Civil de Cáceres nº 1, Rec. 1272/2021 de 09 de marzo del 2023

PRIMERO.- En el escrito inicial del procedimiento se promovió acción de nulidad de la cláusula de gastos incorporada a escritura pública de préstamo hipotecario; pretensión que fue estimada en la sentencia de instancia, y disconforme la parte demandada, se alza el recurso de apelación, alegando, en síntesis, los siguientes motivos:

1º) Que, efectivamente esta parte se allanó al Suplico de la demanda, que, en primer lugar, no concreta los importes reclamados. Y es que, como ya decía en el escrito de allanamiento, la factura aportada de contrario no se corresponde con el préstamo objeto del presente procedimiento como fácilmente se puede comprobar por la fecha, número de protocolo o capital prestado.

Y, en definitiva, si dicha factura aportada nada tiene que ver con el contrato a cuya nulidad de cláusula gastos se allanó, y no constando además importe alguno en el Suplico de la demanda, no cabe, por tanto, introducir un importe erróneo en la resolución que ahora se recurre. En este sentido, lo que procedía, a su entender es una resolución que diera en todo caso por reproducido el Suplico de la demanda, sin entrar a fijar cantidades, dejando su fijación en todo caso para ejecución de Sentencia. En ese momento, esta parte, de buena fe, habría requerido a la actora a fin de aportar la factura de gastos notariales correcta a fin de proceder al abono del importe en su 50% como corresponde a la doctrina fijada por nuestro Tribunal Supremo.

2º) CONDENA EN COSTAS. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 395 LEC. Respecto a la condena en costas, entiende el Juzgador que ha existido requerimiento fehaciente previo a la demanda, cuando ya advirtieron en nuestro escrito de allanamiento que el correo electrónico aportado no acredita en absoluto la fehaciencia de dicha reclamación, y que, efectivamente, la entidad no ha llegado a recibir. Y es que, ya no es tampoco cuestión de fehaciencia, de si se ha recibido o no, sino que no existe reclamación previa, porque el mail no corresponde con la actora, ni con la entidad bancaria, ni con el contrato de préstamo.

Por todo ello, solicita la revocación de la resolución recurrida, en el sentido que no se impongan las costas de la instancia a ninguna de las partes.

A dicho recurso se opuso la parte contraria, solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Centrados los términos del recurso, para la adecuada resolución del mismo es necesario, antes de examinar los concretos motivos, partir de los siguientes antecedentes fácticos que resultan de las pruebas practicadas y el reconocimiento de las propias partes litigantes.

Consta al efecto, que una vez emplazado, LIBERBANK, presentó escrito antes de contestar a la demanda, manifestando que se ALLANA a la petición del Suplico de la demanda interpuesta por D/ña. Calixto, sin que proceda condena en costas conforme dispone el artículo 395 LEC. Que, en todo caso, nuestro allanamiento es total, estando conformes con el pago de la factura de notaría reclamada en la parte correspondiente según doctrina del T.S., es decir su 50%.

El documento número 3 que se acompaña a la demanda, es un mail remitido por el Letrado en fecha 24 de diciembre de 2020 a la dirección de atención al cliente de Liberbank, pero la reclamación se hace en nombre de Don Felipe, respecto a un préstamo concertado con el Banco Popular.

No consta que exista reclamación previa del aquí actor, Don Calixto.

TERCERO.- Pues bien, centrándonos en el allanamiento y el requerimiento previo, objeto del recurso, significar que, como tiene declarado esta Sala en reiteradas sentencias, de la que es muestra una de las más recientes de fecha 2 de marzo de 2.019, que según el Art. 395.1 L.E.C. "Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el Tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiere formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación".

La novedad introducida por el legislador en la LEC. 1/2000, reside en la concreción de dos casos en los que siempre se debe considerar que existe mala fe: 1º) Cuando haya habido requerimiento fehaciente y justificado de pago anterior a la demanda; y 2º) Cuando se haya presentado contra el demandado previa demanda de conciliación.

En estos dos supuestos el Tribunal está legalmente obligado a declarar la mala fe y, en consecuencia a imponer las costas al demandado, si bien, ello no significa que no puedan darse otros casos similares en los que también puede el Tribunal considerar que existe mala fe, en función de las circunstancias concretas que concurran, pues insistimos, los dos supuestos previstos en dicho precepto no son númerus cláusus, como se desprende del término "en todo caso" que utiliza, que cuando concurran obligan a los Tribunales a apreciar la mala fe, pero pueden concurrir otros supuestos distintos, en los que según la singularidad del caso el tribunal pueda apreciar mala fe a los efectos de las costas.

En el supuesto sometido a nuestra consideración, como hemos visto, el actor Don Calixto, no remitió ningún requerimiento previo a la entidad bancaria, o al menos no lo acredita en este procedimiento, porque el mail remitido por el Letrado al servicio de atención al cliente de Liberbank, se refería a otra persona distinta y a un préstamo concertado con el Banco Popular, ajenos al cliente y préstamo a que se refiere la demanda.

En consecuencia, como el allanamiento del Banco se produjo antes de contestar la demanda y no existió previo requerimiento, de conformidad con el Art. 395 LEC no procede imponer las costas de la instancia a ninguna de las partes.

En definitiva, procede estimar el recurso y revocar la sentencia de instancia, en el único sentido de no imponer las costas de la instancia a ninguna de las partes.

CUARTO - De conformidad con el Art. 398 en relación del Art. 394, ambos de la L.E.C. no se hace especial pronunciamiento de las costas de esta alzada al estimarse el recurso.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente: