Sentencia Constitucional Nº 59/2011, Tribunal Constitucional, Sala primera, Recurso de amparo 3070/2010, de 03 de mayo de 2011

Tras realizarse una requisa en una celda de un centro penitenciario, el interno que la ocupaba fue sancionado por la comisión de una falta grave al haberse encontrado escondida en su celda una tarjeta de teléfono móvil. El recluso negó relación alguna con la tarjeta hallada. Si bien el órgano judicial rebajó parcialmente la sanción, lo cierto es que desestimó el estudio del fondo por no aportar hechos o argumentos distintos de los ya enunciados en la vía disciplinaria.La Sentencia concede el amparo reiterando la doctrina respecto a la cual las garantías procedimentales del artículo 24 CE deben extremarse en los procedimientos disciplinarios incoados a los internos en centros penitenciarios. En primer lugar, se declara conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la motivación de las resoluciones sancionadoras, y a la presunción de inocencia, en tanto la Administración penitenciaria, estando obligada, omitió dar una respuesta expresa señalando las razones que fundamentaron su decisión, debiendo proceder al menos a la ponderación que permitiera establecer una explicación para el rechazo de las alegaciones de descargo esgrimidas por el recurrente. Asimismo, se estima vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva toda vez que las resoluciones recurridas han dado una respuesta estereotipada a los recursos planteados, la cual no responde plenamente a los diversos argumentos del demandante, dejando imprejuzgadas las transgresiones aducidas.El Tribunal Constitucional hace notar que el órgano judicial ha incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional, pues ha insistido en dar respuesta estereotipada ?en ocho ocasiones? a las alegaciones aducidas, pese a que desde la STC 268/2006, se le ha reiterado que dicha contestación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.