Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 236/2015 de 22 de septiembre del 2015

ÚNICO. El artículo 51.1 de la Ley de esta Jurisdicción permite al órgano judicial, tras el examen del expediente, declarar la inadmisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto, entre otros supuestos, la falta de legitimación del recurrente. Es sabido que el interés legítimo, según jurisprudencia reiterada de esta misma Sala y del Tribunal Constitucional, se caracteriza por una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de forma que la anulación de la actuación recurrida produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto. Se trata, pues, de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, que exige que la actuación impugnada repercuta de forma clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude el proceso.

En el caso analizado, no cabe entender que concurra en la recurrente interés legítimo para impugnar una decisión del Consejo de Ministros (de 27 de febrero de 2015) que claramente no le afecta, pues en la misma no se aborda solicitud alguna de dicha entidad sobre un eventual derecho indemnizatorio derivado del perjuicio que le habría irrogado la aplicación del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

Y es que, como señala la propia parte recurrente, la compañía había formulado un pretensión indemnizatoria (dirigida al Consejo de Ministros) dos días antes de que se dictara la resolución recurrida que, obviamente, no pudo ser resuelta en la fecha en que el Consejo de Ministros dictó el acto administrativo mencionado en el escrito de interposición.

Por más que la petición dirigida al Consejo de Ministros se refiera a la aplicación de aquel impuesto y que la resolución recurrida aborde la procedencia de una acción resarcitoria formulada por otras personas físicas o jurídicas respecto de ese mismo tributo, es lo cierto que la decisión de 27 de febrero de 2015 no puede ser impugnada por una entidad a la que tal resolución no afecta en absoluto pues, insistimos, no se aborda en la misma, ni podía hacerse, la reclamación de responsabilidad patrimonial que la hoy recurrente había formulado el día 25 de febrero de 2015.

En definitiva, no pudiendo identificarse ventaja o utilidad alguna en la compañía recurrente derivada de la anulación de un acto que no le afecta, procede inadmitir el recurso interpuesto por constar de modo inequívoco y manifiesto la falta de legitimación activa de la entidad que lo ha interpuesto.

SEGUNDO . No obliga a conclusión distinta la resolución del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015 (notificada a la recurrente el 20 de julio de ese mismo año) en la que se desestima la petición de responsabilidad patrimonial que formuló la interesada con fecha 25 de febrero de 2015.

Y es que, por propia decisión de la actora al interponer el presente recurso jurisdiccional, el objeto del mismo estaba constituido por otra resolución del Gobierno (la de 27 de febrero de 2015) que, como ya hemos razonado, no afecta en modo alguno a los intereses de la hoy recurrente.

Por más que el Consejo de Ministros haya rechazado su pretensión mediante resolución posterior (y distinta) a la impugnada, lo cierto es que no resulta viable extender o ampliar el objeto del presente proceso a una decisión administrativa que, insistimos, es diferente a la impugnada en el escrito de interposición.

Ello, obviamente, sin perjuicio del derecho de la hoy recurrente de ejercitar frente a esta segunda resolución de 10 de julio de 2015 las acciones impugnatorias que considere procedentes, opción que no excluye el presente auto a la vista de la fecha en que dicha resolución le ha sido notificada.

Por todo ello,

Fallo