Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 141/2019 de 23 de julio del 2019

PRIMERO. Por la procuradora de los tribunales doña María José Ferrando Hernández en nombre y representación de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, Tradime Aragón, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en relación con la libre elección de profesión u oficio, libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, plena autonomía económica de las empresas, protección de la familia, protección de los trabajadores autónomos.

SEGUNDO. Por diligencia de ordenación de 20 de junio de 2019, se acuerda hacer entrega del expediente administrativo a la procuradora doña María José Ferrando Hernández a fin de formalizar demanda.

Por la representación procesal de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón con fecha 22 julio de 2019, formalizó demanda.

En el segundo Otrosí Digo solicitó la suspensión cautelar, al amparo del art. 129 de la LJ , por entender que la ejecución del acto recurrido causaría perjuicios de imposible o difícil reparación basándose en la apariencia de buen derecho de los motivos de impugnación que esgrime.

Y, por lo que ahora nos ocupa, invoca la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que justifican, a su juicio, la adopción de una medida cautelarísima "inaudita parte" al amparo del art. 135 de la LJ . Esta medida excepcional la justifica en "la gravedad de las consecuencias que pueden tener la aplicación de la disposición que se recurre, el enorme impacto que puede tener para un numero extenso de empresas, el impacto en la económica nacional hacen que deba considerarse que se dan las circunstancias de especial urgencia".

Argumenta que la aplicación de esta normativa es gravemente perturbadora de un sistema que ha venido funcionando de una manera aceptable, modificándose con unas consecuencias económicas que no pueden asumir la mayor parte de las empresas en una coyuntura en que los autónomos y las microempresas son mayoritarios en un sector básico para la economía nacional. A su juicio, el interés general se ha venido cumpliendo con la legislación anterior que no ha supuesto ningún problema hasta la fecha y la suspensión de la modificación impugnada no afectaría a terceros. Y finalmente argumenta que si se produce el cierre de empresas por aplicación de la normativa de honorabilidad o no se puede acceder a la actividad de transporte por carecer del título de bachiller se produciría una pérdida de la finalidad legítima del recurso a quienes se vean afectados por la aplicación de las normas cuya nulidad o anulabilidad se pretende, produciéndoles un perjuicio de imposible reparación.

Por todo ello, suplica la adopción urgente de la medida cautelar de suspensión de aplicación al contenido de la norma que se recurre que es:

"Artículo 2 punto noventa que modifica el Artículo 111 del ROTT a efectos del cumplimiento del requisito de competencia profesional,

Artículo 2 punto noventa y dos que modifica el Artículo 113 del ROTT a efectos de cumplir el requisito de vinculación con la empresa, exigido en el artículo 47.b) de la LOTT,

Articulo 2 puntos noventa y cuatro al noventa y nueve, ambos inclusive, del Real Decreto: por los que se modifican los artículos 115 al 120 del ROTT. a efectos de la regulación del requisito de la honorabilidad. Así como el baremo de sanciones afectado por la pérdida de este requisito, previsto en el artículo ciento catorce del Real Decreto por el que se modifica el artículo 197 del ROTT.

Disposición transitoria cuarta. Vinculación del gestor de transporte a la empresa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este Reglamento y, en particular, las siguientes: 3. La Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se establecen reglas de coordinación en materia de tramitación de autorizaciones de transporte por carretera y de actividades auxiliares y complementarias del transporte.5. La Orden ministerial de 18 de septiembre de 1998, por la que se dictan normas complementarias en materia de autorizaciones de transporte por carretera. 7. Los artículos 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 y 13 y el anexo B de la Orden ministerial de 28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el capítulo I del título II del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres , en materia de expedición de certificados de capacitación profesional. 10. La Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, excepto lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 4 de su disposición transitoria primera .

ANEXO II Régimen de obtención del certificado de competencia profesional para el transporte por carretera".