Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 9864/1992 de 21 de mayo del 1999

PRIMERO.- Es procedente la resolución del presente recurso de apelación dado que, pese al tiempo transcurrido, no consta en esta Sala el estado de la apelación respecto del Auto que declaró inadmisible por extemporánea la impugnación formulada por el Gobierno de Canarias en el proceso principal 741/1988, del que dimana la presente pieza.

Se impugna en este rollo el Auto de 13 de marzo de 1989 , que dejó sin efecto la medida cautelar adoptada por la propia Sala en un Auto anterior, negando, en primer lugar, la posibilidad de que una medida de suspensión pueda ser revocada por el mismo órgano jurisdiccional que la decretó, a pesar de que el Auto originario en el que la misma se había acordado haya sido apelado, y se encuentre todavía pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo.

SEGUNDO.- La impugnación no puede prosperar en este extremo. Las medidas cautelares siguen "tamquam umbra" al proceso principal. Se caracterizan por su instrumentalidad respecto de la pretensión que en él se ejercita, y por su precariedad o temporalidad, ya que nacen con duración limitada, y con una vocación esencial de provisionalidad.

El proceso cautelar no conduce a la "cosa juzgada", como lo hace el proceso principal sino, haciendo paráfrasis de la expresión, a la "cosa arreglada" o "cosa ajustada", en el sentido de que tiene por finalidad esencial crear una situación jurídica provisional que dure hasta que se complete el proceso principal, preservando la situación litigiosa de forma que la misma pueda esperar hasta la sentencia definitiva, por lo que se "arregla" o "ajusta" la misma, con la intención de evitar que el transcurso del tiempo pueda frustrar su resultado final.

Por no producir los efectos de cosa juzgada es aceptable tanto que se repita en cualquier momento la petición de una suspensión que ha sido denegada, como que se solicite la revocación de la medida cautelar que sí ha sido otorgada (tal y como se desprende del artículo 123.1 de la LJCA ). Es una consecuencia lógica del carácter instrumental y cautelar de toda suspensión, que debe acordarse en cualquier momento en que se evidencie la concurrencia de los requisitos que la condicionan, y dejarse sin efecto en cuanto aparezca que es innecesaria.

TERCERO.- No es obstáculo a tal modificación o revocación de la suspensión el hecho de que el Auto que la concedió o denegó se encuentre apelado. Es cierto que, en el presente caso, la Sala de Las Palmas había perdido su jurisdicción respecto del Auto que acordó originariamente la suspensión, como consecuencia del efecto devolutivo del recurso de apelación entablado y pendiente respecto del mismo, pero dicha circunstancia se limitaba a las circunstancias concretas que el Auto citado había contemplado y resuelto, sin privar a la Sala "a quo" del conocimiento del pleito principal ni, por obvia consecuencia, de la posibilidad de adoptar las medidas cautelares que fueren necesarias para preservar y asegurar su resultado definitivo.

CUARTO.- En cuanto al fondo del asunto hay que atender al criterio esencial - conforme al artículo 122.2 de la LJCA - de la existencia o inexistencia de daños o perjuicios de reparación imposible o difícil.

El Auto apelado se ha dictado al alegarse y apreciarse la existencia de circunstancias nuevas respecto a la resolución anterior que, en principio, mostraban que la ejecución del acto no iba a producir los daños de reparación imposible o difícil que exige el artículo 122.2 de la LJCA para acordar la suspensión.

La Sala de Las Palmas razona adecuadamente que la regla general es la ejecutividad de los actos administrativos y tras ponderar, a la luz de la documentación que le fue aportada, los daños que podría originar la suspensión en comparación con los que generaría la ejecución de los actos, concluye, teniendo también en cuenta las exigencias del interés público, que los primeros podrían tener mayor gravedad y relieve que los segundos, por lo que accede a levantar la suspensión que había concedido.

Las alegaciones de la Administración apelante en esta alzada sobre esta cuestión, que es la relevante para resolver, no alcanzan a enervar la apreciación que se acaba de señalar. Se alega que la documentación aportada en la instancia no respalda nada, lo que no resulta ajustado a la realidad, a la vista de la memoria y planos aportados, del detalle de los posibles perjuicios de la paralización (alegación cuarta) e incluso de la invocación del planteamiento de un incidente de alegaciones previas. Procede, en definitiva, la desestimación del recurso.

QUINTO.- La representación del Gobierno de Canarias ha puesto en conocimiento de la Sala, mediante su escrito de 22 de marzo de 1999, que es posible la existencia de un recurso de apelación subsistente, interpuesto frente al Auto de la Sala de Las Palmas de 14 de Marzo de 1989, que puso fin al proceso 741/1988 . Se manifiesta que el Gobierno de Canarias ha comparecido como parte apelante ante este Tribunal mediante escrito registrado el 3 de abril de 1989. No existe constancia alguna en esta Sala de los autos del citado recurso que, no obstante, fue remitido a esta Superioridad el 27 de Marzo de 1989, según se certifica por la Sala de Las Palmas. Existe sólo en la Sala el expediente administrativo que acompaña a la presente pieza.

Procede, en consecuencia acordar la reconstrucción de los autos del referido recurso 741/1988, manteniendo en esta Sala el expediente administrativo a que se ha hecho referencia, como parte del mismo.

SEXTO.- No ha lugar a hacer una expresa declaración de costas, por no concurrir las circunstancias que, en aplicación de lo establecido en el artículo 131.1 de la Ley de la Jurisdicción , así lo justifican.

En mérito de lo expuesto