Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 2911/2017 de 02 de noviembre del 2017

PRIMERO.- La Federación Guipuzcoana de Caza, en su personación como recurrida, ha opuesto la concurrencia de diversas causas de inadmisión del presente recurso, que hemos de abordar antes de pronunciarnos sobre el posible interés casacional del mismo.

Alega en primer lugar que la corporación local recurrente carece de legitimación, pero las alegaciones que esta parte recurrida formula en tal sentido no pueden ser acogidas. Ante todo, el Ayuntamiento de Pasaia fue parte demandada en la instancia, y además la zona de seguridad declarada mediante la Orden impugnada en el proceso discurre en parte por su término municipal. Por añadidura, el contenido de la sentencia incide en la ordenación urbanística del terreno afectado por la delimitación de esa zona de seguridad. Por tanto, no cabe dudar de su legitimación para promover el recurso de casación, al afectar la sentencia con claridad a su esfera de intereses.

Por lo demás, en cuanto a la falta de aportación de acuerdo consistorial autorizatorio de la preparación del recurso, esta Sala ha declarado que la exigencia del acuerdo corporativo previo, plenario o del Presidente de la Corporación Local por vía de urgencia, precedido del dictamen del Letrado, como presupuesto procesal para el ejercicio de acciones, constituye tan solo requisito para el ejercicio de la acción propiamente dicha, es decir, para la interposición del proceso administrativo, en primera instancia, por la Corporación Local, no cuando actúa como demandada ni en las sucesivas instancias o recursos ( ATS de 30 de enero de 2014, RC 2734/2013 ).

En cuanto a la identificación de las normas estatales o europeas que se tienen por infringidas, y la exposición de su relevancia sobre el "fallo", es verdad que, como resulta de la fundamentación jurídica de la sentencia supra transcrita, el tema de fondo debatido en el litigio se rige íntegramente por normas propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, la parte recurrente no sitúa su impugnación en este terreno dialéctico propio del tema sustantivo controvertido, sino que aduce una infracción de naturaleza procesal, consistente en que la sentencia ha vulnerado el artículo 33.2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 (LJCA) por haberse resuelto el pleito -según afirma esta parte recurrente- con base en un motivo ajeno al planteamiento de la parte demandante y sin haber hecho uso de la técnica de la "tesis" que en ese artículo se regula. Con independencia del mayor o menor acierto de este planteamiento de la recurrente (que en sí mismo parece olvidar el tenor del precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil del que parte la sentencia recurrida), lo cierto es que -en cuanto ahora interesa- se ha denunciado la infracción de una norma (procesal) estatal y se ha justificado dialécticamente la pertinencia de la cita de dicha norma, poniéndola en relación con la ratio decidendi de la sentencia.

SEGUNDO .- Dicho esto, nos corresponde ahora analizar si el recurso de casación, tal como se ha planteado, presenta un interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia que justifique su admisión [ arts. 88.1 y 89.2.f) LJCA ].

A estos efectos, resulta obligado partir de la base de que, como ha quedado expuesto, la sentencia de instancia anuló en parte una disposición de naturaleza reglamentaria, la Orden Foral del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, n° 423/2.014, de 23 de Junio, (B.O.G n° 142, de 29 de Julio), de declaración de zona de seguridad para la caza en parte de los términos municipales de San Sebastián y Pasaia.

El dato es relevante porque el artículo 88.3.c) de la Ley Jurisdiccional 29/1998 (LJCA) establece que se presume el interés casacional objetivo "cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente" . No obstante, partiendo de la base de que incluso concurriendo inicialmente esa presunción, aun así cabe inadmitir el recurso por auto motivado cuando la expresada disposición general carezca, con toda evidencia, de trascendencia suficiente, esta Sala y Sección ha declarado además, en relación con esa misma presunción de interés casacional, v.gr., en ATS de 8 de marzo de 2017 (Rec. nº 75/2017 ), que aun en casos como este en que se invoca el artículo 88.3.c) sigue siendo necesario que la parte recurrente cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA , exigiéndose, por tanto, que esa misma parte recurrente fundamente, con especial referencia al caso, por qué considera que en el caso concreto existe interés casacional objetivo que exija un pronunciamiento por parte de este Tribunal Supremo.

Pues bien, esto no lo ha hecho la parte recurrente, que alega lacónicamente que en el proceso se ha declarado la nulidad de una disposición general, pero nada explica sobre su trascendencia ni sobre la relevancia social y jurídica de los aspectos de dicha Orden que se han declarado nulos; pese a que habría sido necesaria tal explicación, visto el limitado alcance del pronunciamiento anulatorio acordado en la instancia, que afecta sólo a una parte muy concreta de la Orden impugnada en el proceso, y vista la razón de tal pronunciamiento, basada en la contravención de la ley autonómica, resultaba aún más exigible a la parte recurrente justificar argumentalmente la trascendencia de esos extremos anulados, al no poder tenerse este dato por notorio.

A falta, pues, de esa explicación de la parte recurrente, y en atención al reducido alcance de la declaración parcial de nulidad del reglamento impugnado y a la razón jurídica en que se sustenta, entendemos que no concurre la presunción de interés casacional del artículo 88.3.c) tan citado, pues nos parece evidente que ese pronunciamiento anulatorio afecta a un extremo de la Orden impugnada que carece de una trascendencia que justifique la admisión del recurso de casación sólo por tal razón.

Y una vez sentado que no concurre esta presunción de interés casacional, hemos de añadir que menos aún concurre la presunción asimismo invocada del apartado e) del mismo artículo 88.3, que contempla los casos en que la sentencia haya resuelto un recurso promovido contra un acto o disposición del Gobierno o Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. La dicción del precepto es, en este punto, muy clara, pues limita la operatividad de esta presunción única y exclusivamente a los "Consejos de Gobierno" de las Comunidades Autónomas, sin duda por deferencia a su condición institucional de culmen del Poder Ejecutivo en su respectivo territorio, no teniendo tal condición las Diputaciones Forales vascas.

TERCERO .- No concurriendo, por lo expuesto, las presunciones invocadas del artículo 88.3, queda por determinar si concurren los supuestos de interés casacional también invocados del apartado 2º del propio artículo 88.

Aduce la parte recurrente, invocando el carácter abierto del enunciado de los supuestos de este apartado 2º, que una infracción procesal como la denunciada reviste, por su propia naturaleza y consecuencias, interés casacional; pero este planteamiento no puede aceptarse tal como se formula. También respecto de las infracciones in procedendo rige la regla general del artículo 88.1 LJCA de que el recurso será admisible cuando esta Sala Tercera del Tribunal Supremo estime que el recurso "presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia" , por lo que corresponde a la parte recurrente no sólo denunciar esa infracción procesal sino también justificar dialécticamente por qué resulta conveniente su estudio y resolución por el Tribunal Supremo desde la perspectiva objetiva de su interés para la formación de la jurisprudencia.

Desde esta perspectiva objetivada, la parte recurrente no da ninguna razón de peso que justifique la admisión del recurso. El artículo 33.2 LJCA ha sido ya interpretado y aplicado por la jurisprudencia en numerosas ocasiones, sin que se haya alegado y menos aún justificado que este caso que ahora nos ocupa presente un aspecto o perfil hermenéutico de dicho precepto novedoso en cuanto que aún no examinado jurisprudencialmente, que sostenga la procedencia de la admisión del recurso. De hecho, el recurrente no discute la interpretación de dicho precepto llevada a cabo por la Sala de instancia, sino sólo su aplicación puramente casuística en el presente litigio. Así planteada su impugnación, no se razona ni cabe apreciar un interés casacional útil para dar lugar a la admisión del recurso de casación.

Por la misma razón, no puede sostenerse convincentemente la concurrencia del supuesto del artículo 88.2.c), consistente en que la sentencia impugnada "afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso". Cuando, como es el caso, se discute sólo la aplicación puntual y circunstanciada, en el pleito concretamente examinado, del artículo 33.2 LJCA , y a falta de mayores explicaciones, que aquí no se dan, no cabe afirmar que la sentencia ostenta una virtualidad expansiva hacia una multitud de situaciones litigiosas presentes o futuras.

CUARTO .- Así pues, no habiendo quedado justificado debidamente un interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia que dé pie a la admisión de este recurso, hemos de declarar su inadmisión conforme a lo dispuesto en los artículos 88.3.c) in fine y 90.4.d) de la Ley de esta Jurisdicción .

QUINTO. Procede la imposición de las costas procesales -a tenor del artículo 90.8 LJCA - a la parte recurrente, hasta la cifra máxima, por todos los conceptos, de 2.000 euros para la Federación Guipuzcoana de Caza, y de 200 euros para la Diputación Foral de Guipuzcoa.

Por lo expuesto, en el recurso de casación registrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el núm. 2911/2017: