Auto Civil Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3283/2014 de 14 de febrero del 2018

PRIMERO.- La parte recurrente condenada en costas y que impugnó la tasación en su día practicada por considerar excesivos los honorarios de la letrada minutante, formula ahora recurso de revisión, fundado en infracción del art. 243.2 LEC en relación con su art. 394.3, contra el decreto de la LAJ desestimatorio de esa impugnación. Alega, en síntesis: (i) que en la demanda se fijó la cuantía como indeterminada y que por ello, a efectos de tasación de costas, se ha de valorar en un máximo de 18.000 euros, que fue la cantidad que tomó en cuenta la Audiencia Provincial de Madrid al tasar las costas de la segunda instancia, lo que en aplicación del límite del tercio de la cuantía del procedimiento que contempla el segundo de los citados preceptos supondría que en ningún caso los honorarios de la letrada minutante podrían superar los 6.000 euros; y (ii) que en todo caso, atendiendo al trabajo efectivamente realizado, resulta a su juicio más proporcionada la cantidad de 883,85 euros, IVA incluido.

La parte vencedora en costas se ha opuesto solicitando la desestimación del recurso de revisión con fundamento en que la cuantía del proceso, si bien no se pudo determinar al inicio, dejó de ser indeterminada una vez que se concretó por el perito judicial en primera instancia en 1.486.220,58 euros, cantidad a la que condenó la sentencia de apelación «determinándose inequívocamente cuál es la cuantía del procedimiento», por lo que la solicitud de revisión incurre en patente mala fe y temeridad al insistir en argumentos ya desestimados por el decreto recurrido.

SEGUNDO.- El recurso debe ser estimado en parte por las razones siguientes:

1.ª) En cuanto a la cuantía del procedimiento, es criterio constante de esta sala (AATS de 19 de abril de 2017, rec. 1746/2013 , y 13 de septiembre de 2017, rec. 253/2016 , entre los más recientes) que «el incidente de impugnación de la tasación de costas no tiene por objeto fijar la cuantía del pleito, su misión es la de ser un cauce de liquidación de cantidades ilíquidas, en el que no pueden alterarse las bases de cálculo -la cuantía- que pertenecen a una fase del proceso definitivamente cerrada».

Y con respecto al límite del art. 394.3 LEC , es igualmente criterio constante que resulta de aplicación a las impugnaciones de las tasaciones de costas causadas en el recurso de casación por considerar excesivos los honorarios del letrado ( AATS de 15 de junio de 2016, rec. 1027/2013 , 30 de noviembre de 2016, rec. 2979/2014 , y 16 de diciembre de 2015, rec. 2735/2013 ), así como que, de conformidad con el art. 243.2 LEC , según redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, el IVA no se ha de computar a dichos efectos.

En el presente caso, la parte demandante alegó que el procedimiento debía reputarse como de cuantía indeterminada, y el auto de inadmisión declaró expresamente que dicho procedimiento «fue tramitado en atención a su cuantía, habiendo sido fijada como indeterminada, por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC , tal y como la propia parte recurrente invoca en su recurso», por lo que tiene razón la parte recurrente cuando alega que no debió tomarse como base otra cuantía distinta, rigiendo el límite del tercio al que se ha hecho referencia. Pero de esto no se deriva la consecuencia que pretende, pues no tiene en cuenta que, según doctrina reiterada de esta sala, para la fijación de los honorarios de letrado a incluir en la tasación de costas ha de atenderse no sólo a la cuantía litigiosa o interés económico del asunto, sino también las circunstancias o parámetros a los que seguidamente nos referiremos.

2.ª) Según reiterada doctrina de esta sala (entre los más recientes, autos de 13 de enero de 2016, rec. 203/2014 , 30 de marzo de 2016, rec. 2369/2013 , 8 de junio de 2016, rec. 20/2011 , y 8 de marzo de 2017, rec. 764/2016 ), la tasación tiene únicamente por objeto determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante y, a tal fin, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas resulte vinculante por sí sola la cuantía del procedimiento ni el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales. Al LAJ de sala corresponde el examen en primer lugar de las circunstancias concretas del caso y su acomodación a los parámetros o criterios que rigen en la materia, estando limitada la función revisora de esta sala a los casos en que el decreto dictado por el LAJ infrinja normas procesales o incurra en arbitrariedad, irrazonabilidad o falta de proporción ( AATS de 17 de noviembre de 2011, rec. 1743/2005 , citado por los más recientes de 25 de enero de 2017, rec. 1225/2013 , y 17 de mayo de 2017, rec. 458/2015 ).

Aunque el decreto impugnado tomó como base de cálculo una cuantía incorrecta, sin embargo sí que ponderó adecuadamente los criterios o factores antes aludidos, sin fundarse exclusivamente en uno solo de ellos, y así, junto al «valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito» o cuantía del procedimiento (a la que otorga valor meramente orientador, lo que convierte en irrelevante cualquier discusión al respecto), también aludió al valor (igualmente orientador) del dictamen («informe») del Colegio de Abogados, a «los escritos objeto de minutación», a «las alegaciones de las partes», a la «complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento» (siendo en este punto conforme con la doctrina de esta sala, contenida por ejemplo en recientes autos de 22 de febrero de 2017, rec. 556/2013 , y 15 de marzo de 2017, rec. 329/2013 , de que el LAJ tomara en consideración el trámite procesal en que tuvo lugar su intervención, en particular, que al escrito alegatorio le hubieran precedido «dos instancias, con sus correspondientes gastos y costas») y al «esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes». Con todo ello respetó el criterio de esta sala (por ejemplo, auto de 15 de marzo de 2017, rec. 329/2013 , citado por el de 17 de mayo de 2017, rec. 458/2015 ) de que tanto la complejidad del asunto como el trabajo del letrado ante esta sala «está condicionado y en cierto modo aligerado por el previo estudio de las instancias anteriores en las que se reproduce la cuestión o cuestiones que acceden al recurso extraordinario. Punto de partida que afecta a la valoración de la propia complejidad del asunto tratado y a la labor efectivamente desarrollada, objeto de retribución en la condena en costas».

De lo anterior se sigue que solo lleva razón la parte recurrente en que debió tomarse como base de cálculo el límite del art. 394.3 LEC pero no en cuanto a cómo debió valorarse el trabajo realizado por la letrada minutante, aspecto este en que no procede revisar la decisión de la LAJ de sala por ser conforme con nuestra doctrina, lo que determina que frente a la cantidad de 7.304,55 euros más IVA (8.838,50 euros en total) reconocida en el decreto recurrido, y frente a la cantidad 883,85 euros IVA incluido que se propone por la parte recurrente en revisión, se considere más proporcionada la de 6.000 euros más IVA.

TERCERO.- En consecuencia, se revoca el decreto impugnado en el sentido de fijar los honorarios de la letrada D.ª Bárbara San Pedro Blanco en la cantidad de 6.000 euros más IVA, con la que figurarán en la tasación, sin que haya lugar a imponer las costas del incidente de impugnación por excesivas a la letrada puesto que el informe emitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se pronunció en el sentido de considerar que los honorarios inicialmente reclamados se ajustaban a sus criterios ( AATS de 22 de febrero de 2017, recurso 1290/2014 , y 19 de abril de 2017, rec. 1893/2013 ).

CUARTO.- La estimación parcial del recurso determina que no se haga especial imposición de costas del presente recurso y la devolución a la parte recurrente del depósito para recurrir, de conformidad con lo establecido en la d. adicional 15.ª, 8 LOPJ .

QUINTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 208.4 LEC procede declarar que contra este auto no cabe recurso alguno por así establecerlo el artículo 244.3 LEC .