360 - ¿A quién se le adjudica la vivienda familiar en la liquidación de la sociedad de gananciales?

La vivienda familiar goza de una protección especial, y tal protección es idéntica para los casos de regímenes económicos matrimoniales de gananciales como de separación de bienes.

La adjudicación del derecho de uso de la vivienda familiar concedido mediante sentencia no es un derecho real, sino un derecho de carácter familiar cuya titularidad corresponde, en todo caso, al cónyuge a quien se atribuye la custodia o a aquel que estima, aun existiendo hijos, que ostenta un interés más necesitado de protección (sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo n.º 179/2016, de 12 de abril, ECLI:ES:APTO:2016:358).

Por ello, la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges no es un derecho real y no tiene que formar parte del activo en el inventario, resultando ajeno al procedimiento de liquidación.

En relación con lo anterior, destaca la sentencia del Tribunal Supremo n.º 859/2009, de 14 de enero de 2010, ECLI:ES:TS:2010:1894, la cual ha sido citada reiteradamente tanto por órganos jurisdiccionales como por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (anterior Dirección General de los Registros y del Notariado). De aquella se infiere:

«El expresado panorama jurisprudencial exige que, con fines de unificación de doctrina, se pronuncie el Pleno de esta Sala acerca de la naturaleza y de los efectos del derecho al uso de la vivienda concedido mediante sentencia judicial al amparo del artículo 96 CC.

(...)

De la ubicación sistemática de este precepto y de la consideración de los intereses a los que atiende su contenido se desprende que el derecho de uso a la vivienda familiar concedido mediante sentencia no es un derecho real, sino un derecho de carácter familiar, cuya titularidad corresponde en todo caso al cónyuge a quien se atribuye la custodia o a aquel que se estima, no habiendo hijos, que ostenta un interés más necesitado de protección (así se ha estimado en la RDGRN de 14 de mayo de 2009). Desde el punto de vista patrimonial, el derecho al uso de la vivienda concedido mediante sentencia judicial a un cónyuge no titular no impone más restricciones que la limitación de disponer impuesta al otro cónyuge, la cual se cifra en la necesidad de obtener el consentimiento del cónyuge titular del derecho de uso (o, en su defecto, autorización judicial) para cualesquiera actos que puedan ser calificados como actos de disposición de la vivienda. Esta limitación es oponible a terceros y por ello es inscribible en el Registro de la Propiedad (RDGRN de 10 de octubre de 2008)».

En la misma línea y con cita a la anterior sentencia, resultan interesantes, por un lado, la resolución de la DGSJFP de 6 de julio de 2023 y, por otro, la sentencia del Tribunal Supremo n.º 526/2023, de 18 de abril, ECLI:ES:TS:2023:1569.

CUESTIÓN

¿El cónyuge no titular de la vivienda familiar puede obtener su uso y disfrute?

Sí, a este respecto es de aplicación lo estipulado en el artículo 96 del Código Civil, el cual ha sido modificado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, con entrada en vigor el 03/09/2021, y que viene a establecer, para el caso de que existan hijos que, en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si alguno de los hijos menores estuviera en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de las circunstancias concurrentes.

En este sentido, cabe destacar la sentencia del Tribunal Supremo n.º 390/2017, de 20 de junio, ECLI:ES:TS:2017:2504, que, si bien hace referencia a la redacción anterior, señala: 

«La adquisición de la mayoría de edad por los hijos da lugar a una nueva situación en la que debe estarse como interés superior de protección, cuando las circunstancias lo aconsejen, al del cónyuge más necesitado de protección, pero por el tiempo que prudencialmente se fije, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 96 CC (sentencias 624/2011, de 5 de septiembre, 707/2013, de 11 de noviembre).

De acuerdo con la doctrina contenida en estas sentencias: "La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas".

(...)

Esta doctrina es aplicable tanto cuando se adjudica el uso de la vivienda al "cónyuge no titular" (al que literalmente se refiere el párrafo tercero del art 96 CC) porque la vivienda es privativa del otro como cuando la vivienda tiene el carácter de bien ganancial, como es el caso del presente recurso (...)».

Asimismo, en caso de no haber hijos, el artículo 96.2 del CC hace referencia a la posible atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar al cónyuge no titular atendiendo a su interés y necesidad de protección. Resulta interesante la sentencia del Tribunal Supremo n.º 526/2023, de 18 de abril, ECLI:ES:TS:2023:1569, conforme a la cual: «(...) el derecho de uso a la vivienda familiar concedido mediante sentencia no es un derecho real, sino un derecho de carácter familiar, cuya titularidad corresponde en todo caso al cónyuge a quien se atribuye la custodia o a aquel que se estima, no habiendo hijos, que ostenta un interés más necesitado de protección (así se ha estimado en la RDGRN de 14 de mayo de 2009). Desde el punto de vista patrimonial, el derecho al uso de la vivienda concedido mediante sentencia judicial a un cónyuge no titular no impone más restricciones que la limitación de disponer impuesta al otro cónyuge, la cual se cifra en la necesidad de obtener el consentimiento del cónyuge titular del derecho de uso (o, en su defecto, autorización judicial) para cualesquiera actos que puedan ser calificados como actos de disposición de la vivienda (...)».

Por tanto, debemos concluir que los aspectos determinantes para la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar son: falta de acuerdo, interés de superior protección y temporalidad de la atribución.

Con respecto a los gastos de la vivienda familiar debemos diferenciar entre dos tipos:

• Gastos de uso.
• Gastos de propiedad.

Gastos de uso de la vivienda familiar tras la liquidación de la sociedad de gananciales

Los gastos de uso de la vivienda familiar deben ser sufragados, como regla general, por el cónyuge que tiene atribuido el uso y disfrute de la misma.

Estos gastos y cargas corresponden a los inherentes a la ocupación del inmueble, que son los que se originan por quienes habitan en la vivienda, entre los que se encuentran los gastos de suministro (agua, gas, electricidad, teléfono, etcétera), las cuotas de la comunidad de propietarios y las reparaciones necesarias por el desgaste debido al uso de la vivienda.

En el caso concreto de las cuotas de la comunidad de propietarios, el artículo 9.1.e) de la LPH establece que son obligaciones de cada propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

En este sentido, nuestro Alto Tribunal entiende que, en las relaciones entre comunidad de propietarios y los propietarios, los gastos correspondientes al mantenimiento de dicha comunidad deben ser satisfechos por los propietarios quienes serán los legitimados pasivamente para soportar las acciones que, en caso de impago, pueda llevar a cabo la comunidad de propietarios.

Sin embargo, el Tribunal Supremo también funda sus argumentos en que no hay prohibición alguna a que el juzgado de familia correspondiente acuerde, con el fin de alcanzar un equilibrio económico, que el cónyuge que haga un uso de la vivienda deba hacer frente al pago de las cuotas de la comunidad de propietarios, así como, los gastos ordinarios de conservación (STS n.º 508/2014, de 25 de septiembre, ECLI:ES:TS:2014:3819).

Estos gastos deberán ser de cargo del propietario, con independencia de si tiene atribuido el uso de la vivienda familiar o no, si tiene carácter ganancial o si pertenece en copropiedad a partes iguales.

Estos gastos son los siguientes:

• Gastos de hipoteca: si la vivienda es privativa, las cuotas de la hipoteca deberán ser satisfechas por el propietario, aunque no tenga atribuido su uso y disfrute. En cambio, si la vivienda tiene carácter ganancial, deberán ser satisfechas por los propietarios al 50 %, y en los casos de copropiedad, cada uno deberá de satisfacer las cuotas en virtud del porcentaje de propiedad que ostenten.
• Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): deberá ser satisfecho por el propietario según las reglas del pago de cuotas de la hipoteca.
• Seguro de hogar: serán los propietarios quienes deben hacer frente al pago de la prima.
• Cuotas o derramas extraordinarias de la comunidad de propietarios: deberán hacer frente a las mismas el propietario o propietarios. 
• Obras de mejora y aumento de valor: deberán hacerse a cargo de la propiedad.