320 - ¿Qué infracciones y sanciones se prevén para un extranjero por no disponer de la documentación necesaria en España?

Infracciones por no disponer de la documentación necesaria

Dependiendo de la concreta documentación de la que no disponga el extranjero y las actividades que realice en España, las consecuencias que esto acarrea pueden ser muy diferentes. En primer lugar, es necesario determinar el tipo de infracción que se está cometiendo. En concreto, respecto de la falta de documentación, las infracciones pueden ser las siguientes:

• Infracciones leves (art. 52 de la LOEX):
• El retraso, hasta 3 meses, de la renovación de las autorizaciones caducadas.
• Estar trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, siendo residente temporal.
• Estar trabajando en una ocupación, sector o ámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia y trabajo.
• Infracciones graves (art. 53 de la LOEX):
• Encontrarse irregularmente en España, ya sea por no obtener la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la autorización, sin haber solicitado la renovación.
• Estar trabajando en España, sin haber obtenido autorización, cuando no se cuente con autorización de residencia.
• La comisión de una tercera infracción leve, cuando hubiese sido sancionado por otras dos faltas leves de la misma naturaleza en el plazo de un año.
• No haber solicitado, en el plazo de un mes desde la entrada en España o desde la concesión de autorización de residencia, la tarjeta de identidad del extranjero.

Sanciones por no disponer de la documentación necesaria

Estas infracciones conllevan la imposición de sanciones al comitente establecidas en el artículo 55 de la LOEX. Las infracciones leves serán castigadas con multa de hasta 500 euros, mientras que las graves se castigarán con multa de 501 hasta 10.000 euros, excepto en el supuesto contemplado en el artículo 53.2 a) de la LOEX, en el que el empresario estará también obligado a sufragar los costes derivados del viaje.

Para graduar las sanciones se atenderá al criterio de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia.

A TENER EN CUENTA. Cuando se realicen conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de la LOEX, se podrá aplicar, en atención al principio de proporcionalidad, la expulsión del territorio previa tramitación del expediente administrativo y mediante la resolución motivada, en lugar de la sanción de multa.

«Llegados a este punto y con arreglo a lo razonado en los anteriores fundamentos, la respuesta a la cuestión casacional en relación con el alcance de la STJUE de 8 de octubre de 2020, C-568/19, teniendo en cuenta también la incidencia en la cuestión de la posterior sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de marzo de 2022 —asunto C-409/20—, es la siguiente:

"Primero, que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la imposición de la sanción de multa o la sanción de expulsión, siendo preferente la primera cuando no concurran circunstancias que, con arreglo al principio de proporcionalidad, justifiquen la expulsión.

Segundo, que cuando la decisión consista en la imposición de una multa, la resolución administrativa que la imponga debe contener una orden de salida de cumplimiento voluntario que concrete el mandato contenido en el art. 28.3.c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Tercero, que en ejecución de lo acordado los plazos que se establezcan para la salida efectiva del territorio nacional, sin perjuicio de las excepciones que se establecen en nuestro ordenamiento y en la Directiva, deben ser prudentemente limitados en el tiempo, dentro de los márgenes de los que dispone la Administración, a los efectos de no privar a la Directiva de su efecto útil.

Cuarto, que la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria. 

Quinto, que por tales circunstancias de agravación han de considerarse las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación"».

Así pues, se estima el recurso de casación y se anula sanción de expulsión impuesta en el caso planteado por carecer de la debida justificación de la imposición de la sanción más grave de expulsión frente a la multa.

RESOLUCIÓN RELEVANTE

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León n.º 894/2023, de 26 de julio, ECLI:ES:TSJCL:2023:3238

«(...) resulta perfectamente evidenciado que en el momento de la incoación y dictado de la resolución del expediente de expulsión que, en definitiva, se cuestiona no consta que el ahora apelante se encontrara con autorización para residir legalmente en España, por lo que se encuentra dentro de la infracción tipificada como grave en citado artículo 53.1.a) de la LOEX (...).

(...)

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la LOEX los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España, precepto que se encuentra vulnerado por el aquí apelante (...).

(...)

En este caso ha de mantenerse la expulsión del territorio nacional español en los términos que se contienen en la resolución administrativa al constar circunstancias que tienen virtualidad suficiente para justificar la expulsión, como lo son que el ahora apelante, además de encontrarse en la situación irregular prevista en el citado art. 53.1.a) LOEX, no existe constancia en su pasaporte de la estampación de sello de entrada en territorio español por espacio habilitado al efecto, que ya es una de las circunstancias agravantes que justifican la sanción de expulsión a la que se refiere la citada STS de 17 de marzo de 2021, (...).

(...)

Ha de concluirse, por tanto, primero. que no cabe apreciar la aplicación de sanción pecuniaria, como se pretende por la parte apelante, segundo, que existen suficientes circunstancias agravatorias que justifican la imposición de la sanción de expulsión del territorio español y la prohibición de entrada en el mismo por el periodo señalado y, tercero, que no concurre ninguna circunstancia que pueda enervar esta sanción».