¿Cuáles son los procedimientos que se tramitan ante el Tribunal Constitucional?

La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula los principales procedimientos que deben ser resueltos por el Tribunal Constitucional:

Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad se configuran como un instrumento para garantizar la supremacía de la Constitución declarando la conformidad o disconformidad de las leyes o disposiciones que se impugnen. Para promover la declaración de inconstitucionalidad la LOTC contempla dos opciones (art. 29 de la LOTC):

• El recurso de inconstitucionalidad.
• La cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces o tribunales, frente a normas con rango de ley que puedan ser contrarias a la CE y de cuya validez dependa el fallo de las resoluciones pendientes de dictar.

Como recoge el artículo 30 de la LOTC, ya se trate de recurso o cuestión de inconstitucionalidad, el proceso iniciado no suspenderá la vigencia ni aplicación de la ley que se impugna a excepción de que se impugne por el Gobierno una disposición o resolución adoptada por órganos de las CC. AA., debiendo levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses. 

Por su parte, el recurso de amparo, como se regula en los artículos 41 y siguientes de la LOTC, viene a conformarse como un mecanismo procesal mediante el que hacer valer los derechos y libertades públicas reconocidos como fundamentales en los artículos 14 y siguientes de la Constitución española.

En cuanto a las cuestiones de competencia, el art. 59 de la LOTC establece: el «Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas».

Son de competencia exclusiva y reconocida al Tribunal Constitucional (art. 161 de la CE):

• El recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. 
• El recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
• Los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí.
• Las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

Por tanto, el Tribunal Constitucional se pronunciará y resolverá sobre los mismos a través de sentencia con valor de cosa juzgada, frente a la que no cabrá más recurso y que podrá hacerse valer mediante ejecución.