¿Cuál es el marco jurídico que regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas?

Constitución Española: artículo 106.2 de la CE. Se consagra a nivel constitucional el régimen de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, de gran arraigo en nuestro sistema jurídico, a partir de su incorporación al ordenamiento jurídico a través del artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (tal y como indica la sinopsis del artículo 106.2 de la página oficial del Congreso de los Diputados). Actualmente está regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

• Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
• Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
• Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
• Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
• Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
• Disposición transitoria 5.ª. Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

• Artículo 32. Principios de la responsabilidad.
• Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas.
• Artículo 34. Indemnización.
• Artículo 35. Responsabilidad de derecho privado.

El procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial encuentra su regulación, en primer lugar, en el precepto constitucional arriba mencionado, que se desarrolla, por un lado, en la LPAC relativa a las fases, requisitos y especialidades del procedimiento y, por otro, en la LRJSP que establece los principios que van a regir este procedimiento, así como la responsabilidad subjetiva y otras cuestiones a tener en cuenta.