¿Cómo funciona el procedimiento de ejecución forzosa de un acto administrativo?

La ejecución de los actos administrativos viene regulada en los artículos 97 a 105 de la LPAC, integrantes del capítulo VII del título IV.

El artículo 97 de la LPAC establece un requisito básico respecto a la ejecución de los actos, ya que la Administración no podrá iniciar ninguna actuación material que limite derechos de los particulares sin que de manera previa se haya adoptado la resolución que le sirva de fundamento. Asimismo, el órgano que ordene un acto de ejecución material, lo hará mediante un título, que está obligado a notificar al particular al que le vaya a afectar la actuación administrativa. 

Los actos de las Administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo en los casos que recoge el artículo 98.1 de la LPAC:

1. Suspensión de la ejecución del acto.
2. Resolución de un procedimiento sancionador contra la que quepa algún recurso en vía administrativa incluido el potestativo de reposición.
3. Que una disposición establezca lo contrario.
4. Que requiera de aprobación o autorización superior.

Las resoluciones administrativas con las que nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa, etc., que haya de abonarse a la Hacienda pública, se harán efectivas mediante pago electrónico —salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo— por alguno de los siguientes medios (art. 98.2 de la LPAC):

• Tarjeta de crédito y débito.
• Transferencia bancaria.
• Domiciliación bancaria.
• Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de hacienda pública.

En los casos en los que la sanción no sea abonada de manera voluntaria por parte del infractor, el artículo 99 de la LPAC recoge la posibilidad de ejecutar la resolución de manera forzosa previo apercibimiento al deudor. A tal fin, el artículo 100 de la LPAC enumera una serie de medios para llevarla a cabo.

Es muy interesante la sentencia del Tribunal Supremo n.º 158/2023, de 9 de febrero, ECLI:ES:TS:2023:409, que fija la siguiente doctrina:

«Con interpretación de los arts. 95 y 107.1 de la Ley 30/1992 (siendo los preceptos equivalentes —vigentes desde el 2 de octubre de 2016— los artículos 99 y 112.1 de la Ley 39/2015, fijamos la siguiente doctrina:

1.º) El apercibimiento (debidamente notificado al obligado), junto con el título ejecutivo (resolución administrativa definitiva que impone la obligación a ejecutar), es un presupuesto inexcusable para el inicio del procedimiento de ejecución forzosa.

2.º) Como acto iniciador de un procedimiento, en principio, es un acto de trámite insusceptible de recurso autónomo, salvo que genere indefensión o prejuicios de difícil reparabilidad, lo que facultará a su impugnación siempre y cuando los motivos del recurso vayan referidos única y exclusivamente al procedimiento de ejecución forzosa, sin posibilidad de cuestionar la resolución administrativa que se trata de ejecutar».