¿Dónde se regula el derecho a la participación política en la Constitución española?

Partiendo de la premisa del artículo 1.1 de la CE que promulga que España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, dispone el artículo 23 de la CE:

«1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».

En relación a este derecho de participación política, dicta el TC en su STC n.º 76/2017, de 19 de junio, ECLI:ES:TC:2017:76:

«(…) este Tribunal ha establecido una conexión directa entre el derecho de los parlamentarios (art. 23.2 CE) y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), pues “puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que el derecho del artículo 23.2 CE, así como, indirectamente, el que el artículo 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio».

Con el objetivo de un completo desarrollo de lo preceptuado en el artículo 23 de la CE y de un ejercicio efectivo del derecho a participar en asuntos públicos fueron emanadas diferentes normas, de las que hemos de destacar:

• La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General que regula el derecho de sufragio y su ejercicio en plena libertad. 
• La LO 3/1984, de 26 de marzo, sobre iniciativa legislativa popular, que en realidad se configura como norma desarrolladora del artículo 87.3 de la CE sobre la iniciativa legislativa popular pero que, de manera indudable, viene a establecer una forma más de participación política de todos los ciudadanos. 
• La LO 2/1980, de 18 de enero, sobre las distintas modalidades de referéndum, mecanismo que configura las consultas populares, otro medio de participación ciudadana.
• El RD 896/1991, de 7 de junio, que regula las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración local, norma que configura el aseguramiento de las condiciones de igualdad al acceso de funciones o cargos públicos que ordena el artículo 23.2 de la CE.
• En el mismo sentido que el anterior, el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso al Personal al Servicio de la Administración General del Estado.