¿Dónde se regula el derecho al honor, a la intimidad familiar y a la propia imagen en la Constitución española?

Los derechos al honor, intimidad familiar y a la propia imagen se garantizan en el art. 18 del texto constitucional:

«1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

Para el desarrollo del derecho al honor, intimidad y a la propia imanen se aprobó la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y su ejercicio debe confluir con los del artículo 20 de la CE, del derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas u opiniones que encontrará su limitación en el respeto al primero. 

CUESTIÓN

¿Qué ocurre con la manipulación de fotografías sin autorización del interesado y como afecta al derecho al honor?

Los tribunales mantienen un criterio al respecto y es que la manipulación con propósitos de burla o escarnio con mero objetivo económico, sin autorización del sujeto protagonista de la imagen y sin un interés público que pueda llegar a justificar tal acción, en un hipotético caso de que pueda llegar a entenderse como crítica política o social, constituye una total vulneración al derecho al honor. (STC n.º 23/2010, de 27 de abril, ECLI:ES:TC:2010:23).

En cuanto a la inviolabilidad del domicilio o la garantía del secreto de las comunicaciones, debe destacarse que estos derechos pueden ser suspendidos en aplicación del artículo 55 de la CE, durante la declaración del estado de excepción o sitio (que se desarrollan en la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio).

Se prohíbe la entrada o el registro en el domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, con la única salvedad del flagrante delito. En este sentido, el Tribunal Constitucional hace la siguiente puntualización en la STC n.º 22/2003, de 10 de febrero, ECLI:ES:TC:2003:22:

«(...) la flagrancia autorizaba la entrada y registro respecto del delito flagrante (pues la flagrancia se predica del delito y autoriza la excepcional intervención policial respecto de ese delito, y no cualquier otra, salvo los casos de hallazgo casual o inevitable) y en tanto en cuanto existiera aún tal situación y la necesidad y urgencia de la intervención policial en relación con el mismo. Habiendo cesado la situación de flagrancia delictiva, la posterior actuación policial excede del ámbito de injerencia autorizado por dicha flagrancia».

No obstante, respecto a las medidas de investigación que limitan los derechos que contempla el artículo 18 de la CE, los artículos 550 y siguientes de la LECrim regulan la entrada en domicilios, que podrá decretarse por el juez o tribunal cuando en tal lugar o edificio pudieran encontrarse efectos o instrumentos del delito que se instruye, o libros, papeles, u otros objetos que puedan servir para descubrir o comprobar el paradero del investigado. 

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales vino a desarrollar el artículo 18.4 de la CE, abordando un sistema de garantía de los derechos digitales y disponiendo que para la protección de este derecho fundamental se seguirá la citada norma y lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679.

La vulneración de estos derechos se clasifica en los artículos 197 y siguientes y 202 a 216 del Código Penal, castigando el descubrimiento y revelación de secretos, el allanamiento de morada o del domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público, y condenando la calumnia o la injuria como actos dañosos al honor y la imagen; así como en los artículos 534 a 536 del Código Penal, que condena los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y garantías constitucionales de la intimidad.