¿Cuál es la composición, competencia y funciones del Consejo de Estado?

El Consejo de Estado se configura como el órgano supremo consultivo del Gobierno, cuya composición y competencia se regulan por la LO 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Además, ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las leyes, y debe velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, o la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines. En cuanto a su actividad presupuestaria, figurará como una sección dentro de los presupuestos generales del Estado.

El artículo 3 de la LOCE dispone que el Consejo de Estado puede actuar mediante pleno, en comisión permanente, en comisión de estudios o en secciones. Para cada caso, la ley contempla una estructura y competencias de los mismos, que son:

• Pleno (art. 4 y 21 de la LOCE). Se integra por el presidente, los consejeros permanentes, los consejeros natos, los consejeros electivos y el secretario general. Debe ser consultado en los asuntos referentes a:
• Anteproyectos de reforma constitucional, cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo de Estado. 
• Anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo.
• Proyectos de decretos legislativos.
• Dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte. 
• Problemas jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanadas de organizaciones internacionales o supranacionales. 
• Reclamaciones que se formalicen como consecuencia del ejercicio de la protección diplomática y las cuestiones de Estado que revistan el carácter de controversia jurídica internacional.
• Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado.
• Transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública y sometimiento o arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos.
• Separación de consejeros permanentes.
• Asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión.
• Todo asunto que ordene una ley que deba consultarse al Consejo de Estado en pleno.
• Comisión Permanente (art. 5.1 y 22 de la LOCE). Se integra por el presidente, los consejeros permanentes y el secretario general. Será consultada cuando se trate de asuntos relativos a:
• Tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación de consentimiento del Estado.
• Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo.
• Reglamentos o disposiciones de carácter general que dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones. 
• Anteproyectos de ley orgánica de transferencias o delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas.
• Control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las comunidades autónomas. 
• Impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del recurso.
• Conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos ministeriales.
• Recursos administrativos de súplica o alzada que deban conocer en virtud de disposición expresa de una ley el Consejo de Ministros, las comisiones delegadas del  Gobierno o la presidencia del Gobierno.
• Recursos administrativos de revisión.
• Revisión de oficio de disposiciones administrativas y de actos administrativos, en los supuestos previstos por las leyes.
• Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado.
• Nulidad, interpretación, modificación y extinción de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formule oposición por parte del concesionario y, en todo caso, cuando así lo dispongan las normas aplicables.
• Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes.
• Concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.
• Concesión y rehabilitación de honores y privilegios cuando así se establezca por disposición legal.
• Asuntos relativos a la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de Estado.
• Concesión de monopolios y servicios públicos monopolizados.
• Los asuntos en que por precepto expreso de una ley haya de consultarse al Consejo de Estado en comisión permanente o haya de consultarse al Consejo de Estado y no se diga expresamente que debe ser al Consejo en pleno.
• Comisión de Estudios (art. 5.2 y 23 de la LOCE). Estará presidida por el presidente del Consejo de Estado e integrada por dos consejeros permanentes, dos natos y dos electivos, designados por el pleno a propuesta del presidente, así como por el secretario general. Sus funciones son:
• Ordenar, dirigir y supervisar la realización de los estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno y, una vez conclusos, emitir juicio acerca de su suficiencia y adecuación al encargo recibido.
• Elaborar as propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado y someterlas al pleno, que se pronunciará sobre ellas por mayoría simple.
• Secciones. Funcionarán con arreglo a lo que disponga su reglamento orgánico.

A TENER EN CUENTA. Para más información sobre el funcionamiento del Consejo de Estado, su reglamento orgánico se regula mediante el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.