¿Qué actos pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa?

• Por razón de su naturaleza (art. 227.1 de la LGT):
• Los actos que, de forma provisional o definitiva, reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber.
• Los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, sobre el fondo del asunto o pongan término al procedimiento.
• Por su contenido. Los actos de aplicación de los tributos (cuya lista enumera a título ejemplificativo el artículo 227.2 de la LGT), esto es, los dictados en el procedimiento de gestión, de inspección o de recaudación:
• Las liquidaciones provisionales o definitivas.
• Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos.
• Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo establezca.
• Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos fiscales.
• Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de amortización.
• Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.
• Los actos dictados en el procedimiento de recaudación.
• Los actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca.
• Los actos que impongan sanciones.

Serán reclamables, igualmente, previo cumplimiento de los requisitos y en la forma que se determine reglamentariamente, las siguientes actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria:

• Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión prevista legalmente.
• Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a cuenta.
• Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.
• Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

No se admitirán reclamaciones económico-administrativas respecto de los siguientes actos:

• Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral o pongan fin a dicha vía.
• Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al ministro de Economía y Hacienda o al secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos la resolución que ultime la vía administrativa.
• Los dictados en virtud de una ley del Estado que los excluya de reclamación económico-administrativa.

¿Qué actos no son susceptibles de reclamación económico-administrativa?

Según el art. 227.5 de la LGT, no se admitirán reclamaciones económico-administrativas sobre los siguientes actos:

Respecto a los actos de mero trámite cuando no decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento (como, por ejemplo, las actas de la inspección), la exclusión de este tipo de actos de la reclamación económico-administrativa ha dado lugar a multitud de doctrina. Así, sin poder entrar a analizar toda la casuística al respecto, sí podemos decir que con frecuencia la jurisprudencia se ha referido a la impugnabilidad de los actos de comprobación de valores, al ser considerados con carácter general como actos de mero trámite no susceptibles de impugnación previa e independientes del acto de liquidación. A pesar de lo anterior, se exceptúan aquellos actos respecto de los que se prevea legalmente su impugnación. 

Por otra parte, la jurisprudencia también ha venido a aclarar que la liquidación definitiva es susceptible de reclamación en vía administrativa aunque sea confirmatoria de una provisional. Asimismo, la autoliquidación dada su naturaleza no es en sí un acto impugnable por el contribuyente pues, si lo fuera, se generaría la atípica situación de impugnar los actos propios. Lo impugnable es el acto administrativo de gestión tributaria que se produce por el efecto de la autoliquidación, expreso o tácito, confirmatorio o revocatorio.